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FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES NOMBRA OFICIAL DE INFORMACIÓN

La Facultad de Ciencias y Humanidades nombró como Oficial de Información al Maestro Julio César Grande Rivera, docente del Departamento de Periodismo, a partir de 1 de febrero del corriente año; la designación es a propuesta del Sr. Decano de la Facultad, Lic. José Raymundo Calderón  Morán.            El Lic. Calderón Morán informó que la designación se da a fin de dar cumplimiento irrestricto a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que deberá comenzar a aplicarse a partir del 8 de mayo del corriente año  en todas las instituciones públicas del país.            Grande Rivera fue nombrado, según acuerdo de Junta Directiva No. 72, de fecha de sesión 31 de enero de 2012, quien atenderá la oficina que funcionará como unidad auxiliar en razón de la estructura interna de la Facultad y la UES, de acuerdo a lo estipulado en el art.  48, inciso primero de la Ley referida y cuyo objetivo principal será apoyar a la unidad central de la UES, en lo relacionado  a la Facultad.           De acuerdo con el nombramiento, Grande Rivera implementará la LAIP, promoverá y fomentar una cultura de transparencia del quehacer institucional en la comunidad docente, estudiantil, personal administrativo y de servicio, además de diseñar campañas de  divulgación de  la Ley y jornadas de capacitación sobre la misma.           De acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el Oficial de Información es un funcionario con autonomía relativa, que deberá coordinar, planificar y controlar los procesos de aplicación de la  Ley, en lo referido a la Facultad,  para atender las demandas de  la comunidad universitaria y la ciudadanía en general, mediante la coordinación de los flujos de información de todas las aéreas administrativas, dando cumplimiento a la aplicación de  las formas  de divulgación y  las clases de información que pueden publicarse o entregarse de acuerdo a lo que la Ley regula.           Según la LAIP, entre sus fines, está facilitar a toda persona el derecho de acceso a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos, para propiciar la transparencia de cualquier gestión pública e impulsar la rendición de cuentas, lo cual pasa por modernizar la organización de la información pública institucional, entre otros.          De acuerdo a Grande Rivera, en lo que se refiere a la implementación de la Ley, la tarea no será fácil  debido a que ciertamente  no hay procedimientos sencillos y expeditos  para procesar la información en la Facultad y la UES en general.          Además expresó la necesidad de modernizar y promover el uso de tecnologías de la información y comunicación prácticamente en todas las dependencias ya que es difícil acceder oportunamente a datos, precisamente  por lo obsoleto de las formas para procesar y organizar la información.          El Oficial de Información de la Facultad anunció que para propiciar la transparencia de  la gestión pública e impulsar la rendición de cuentas hay que trabajar arduamente, ya que hay remanentes estructurales  e históricos.         Grande Rivera estima que se necesitarán varios años para lograr internalizar una cultura de transparencia generalizada, pues se cree que solo las autoridades centrales, llamados entes obligados en la Ley,  deben dar cuentas, obviando que  todos los empleados públicos, de cualquier nivel, también deben dar cuentas de su accionar a los jefes inmediatos superiores, aunque esto último a veces es difuso en la  legislación y no repara en que la Ley no se cumple por desidia o incapacidad de los  subalternos, que manejan bienes del Estado o ejecuten actos de la función estatal. Con la LAIP dicho problema se subsana en gran manera, pues se puede deducir responsabilidades claramente.          En el mismo orden,  Agregó  que, la LAIP no debe entenderse que su  implementación va a complicar y desestabilizar las gestiones administrativas; por el contrario, contribuirá a actuar con responsabilidad y apego a la legislación pertinente por parte de las autoridades correspondientes pues el principio de máxima publicidad que se plantea en el art. 5 de la Ley  en gran manera es un factor disuasivo para cualquier ente obligado o servidor público.         El Reglamento de la  Ley, si bien, ha  sido cuestionado por algunos sectores, al introducir por ejemplo el concepto de “seguridad política” , a juicio de Grande Rivera, no es cierto que dicho Reglamento cierre  del todo la aplicación de la Ley, pues ésta sigue siendo muy abierta y, aunque no está de acuerdo con la introducción de dicho concepto, considera que solo a través de las causales contenidas en la Ley se puede fundamentar la denegación al acceso a la información pública que requieran los ciudadanos.        En cuanto al funcionamiento de la oficina de acceso a la Información pública en la Facultad, el Maestro Grande Rivera manifestó que hacen los preparativos en términos del diseño de la papelería, accesorios técnicos y tecnológicos, y la capacitación del recurso humano que va a colaborar directamente a fin de que, a partir de mayo, se pueda implementar la Ley en la Facultad, aunque reconoce que el trabajo es arduo, debido a que los flujos de información son muy lentos institucionalmente hablando y hay que elaborar programas para facilitar la obtención de información en forma ordenada a través de un índice de información claro y preciso.        Finalmente, Grande Rivera reconoció la colaboración del Decanato y Junta Directiva  para impulsar la implementación de la Ley, sin embargo, a su juicio, las cosas no están caminando con  la misma celeridad en el caso de oficinas centrales pues el Oficial de Información de la UES, que es el funcionario central que prevé la Ley, no está nombrado y ello generará atrasos  para aplicar la normativa cuando la ciudadanía requiera información de carácter público.        Grande Rivera espera que las autoridades centrales nombren cuanto antes a dicho funcionario, pues de lo contrario podría haber una sanción por no dar cumplimiento a una Ley de la República.

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